La Asociación Española de Abogados Cristianos solicita medidas cautelarísimas ante el Tribunal Supremo para que obligue al Congreso de los Diputados a retirar la bandera LGTBi colgada en una de las fachadas del edificio.
La organización de juristas alega que este acto incumple la propia jurisprudencia del Alto Tribunal al tratarse de una bandera no oficial en un edificio público.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “el gobierno está utilizando las instituciones públicas para imponer su ideología”.
Critica que “mientras se multa a una persona por llevar la bandera de España, se permite que la Cámara que representa a todos los ciudadanos cuelgue una bandera no oficial saltándose la ley”.
Pide que “los responsables de las administraciones e instituciones públicas que actúan en contra de la ley a sabiendas, sean inhabilitados”.
Recuerda que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo STS 1163/2020 fija como doctrina que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.
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