| · Inicia un procedimiento contencioso administrativo contra el organismo por no facilitar el dato de número de abortos realizados en cada hospital público y centro privado de España.
· Peral desvela que “lleva más de un año esperando a que Sanidad le facilite este dato que debería ser público ya que sólo en 2020 el gobierno destinó 32 millones de euros a realizar abortos en centros privados”. · El anuncio llega el día en que se celebra el Día de los Santos Inocentes. · La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, destaca que “ocultando ese dato, el Ministerio lo que esconde es el precio al que se están pagando los abortos a estas empresas privadas”. · Recuerda que los centros de aborto tienen conciertos con la sanidad pública y esos contratos, según la Ley de Transparencia, deberían ser públicos. Es injustificable la opacidad que hay entorno a la industria del aborto”. |
Madrid, 28 de diciembre de 2021
El ex senador del PP, Luis Peral, representado por la Asociación Española de Abogados Cristianos, presenta una demanda contencioso-administrativa contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por ocultar el número de abortos realizado desde 2019 en cada hospital público y centro privado de España.
Peral solicitó al Ministerio de Sanidad dicha cifra en noviembre de 2020 y, hasta el momento, no ha obtenido respuesta. El Ministerio ha respondido a su solicitud facilitándole los datos generales de número de abortos sin especificar cuántos se han realizado en cada centro.
El exsenador asegura que “el dato solicitado debería ser público en base a la ley de transparencia”. Recuerda que “los centros privados tienen conciertos con la sanidad pública y por tanto, es un dato de interés que los ciudadanos tienen derecho a conocer”. “Sólo en 2020, el gobierno gastó 32 millones de euros en empresas privadas que realizan abortos”.
Peral denuncia que “hasta el momento, sólo encuentra excusas por parte del Ministerio de Sanidad que justifica su opacidad en la ley de protección de datos”. El exsenador insiste: “no se trata de dar el nombre de las mujeres que han sufrido un aborto, sino el número de abortos realizado en cada centro”.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, destaca que “ocultando ese dato, el Ministerio lo que esconde es el precio al que se están pagando los abortos a estas empresas privadas”.Recuerda que los centros de aborto tienen conciertos con la sanidad pública y esos contratos, según la Ley de Transparencia, deberían ser públicos. Es injustificable la opacidad que hay entorno a la industria del aborto”.
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