La Delegación del gobierno en Madrid da la razón a Abogados Cristianos y archiva la primera de las sanciones impuestas a un particular por ejercer su derecho a la libertad religiosa durante la pandemia.
El procedimiento sancionador se inició el pasado 17 de abril en la localidad madrileña de Parla, cuando un particular fue identificado por la Policía Nacional cuando acudía a su parroquia para asistir a misa.
La Asociación Española de Abogados Cristianos recurrió la sanción en su nombre al entender que ninguna administración tiene competencias para limitar un derecho fundamental como es el derecho a la libertad religiosa. Su presidente, Polonia Castellanos, asegura que “con este archivo, el gobierno está reconociendo que las administraciones no están legitimadas para ello”.
Anuncia que “Abogados Cristianos llevará a las más altas instancias, incluso supranacionales si fuera necesario, toda intromisión de las administraciones en el derecho al ejercicio de la libertad religiosa”. Y recuerda el caso de Castilla y León “donde la Junta ha limitado a 25 personas el aforo en celebraciones religiosas, sin tener en cuenta el aforo del templo, prohibiendo de facto a muchas personas acudir a misa”.
Castellanos recuerda que “la Asociación de Abogados Cristianos está a disposición de todas aquellas personas que vean prohibido o limitado su derecho a la libertad religiosa con la excusa de la pandemia”.
¡Colabora en la defensa de la libertad religiosa! Haz un donativo ahora para apoyar los procesos jurídicos de Abogados Cristianos:
