La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo da la razón a la Asociación Española Abogados Cristianos y anula el apartado del decreto del gobierno de Cantabria por el que se establecía un límite de aforo de diez personas en lugares de culto de Laredo, Colindres, Polanco y Santa María de Cayón. Condena además al ejecutivo regional en costas.
Recoge la sentencia que “no aporta, en efecto, la justificación imprescindible para una limitación de derechos fundamentales la apelación a que ya existe una medida dispuesta para toda la Comunidad Autónoma de Cantabria que limita a un tercio el aforo”.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “algunos gobiernos laicistas han utilizado la pandemia como pretexto para arremeter contra los cristianos”. Insiste en que “esos presidentes autonómicos que incumplen la ley a sabiendas con el único objetivo de atacar a los cristianos deberían dimitir”. Y señala que “desde la Asociación de Abogados Cristianos no vamos a permitir que vulneren nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa, con independencia del partido político del que se trate si sigue la misma tendencia laicista y anticristiana”.
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