Querella a Marlaska y otras acciones en defensa de la libertad religiosa durante la pandemia
Desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 marzo, han sido innumerables las ocasiones en las que la Policía ha interrumpido y desalojado Iglesias y templos en los que estaban teniendo lugar celebraciones religiosas.
Por supuesto, en Abogados Cristianos considerábamos que había que ser prudentes y no contribuir a la expansión del coronavirus. En ningún momento animamos a que la gente fuera a los templos en masa (en parte imposible porque la mayoría de celebraciones estaban suspendidas por los propios Obispos). Pero tampoco podíamos permitir que el gobierno aprovechase el Estado de Alarma para avanzar en su agenda laicista.
Las iglesias podían permanecer abiertas en base al propio decreto del Gobierno. Por ello, no podíamos permitir que la policía disolviera, por ejemplo, una misa de 8 personas, religiosos paúles, que viven todos juntos, en la azotea de su casa.
El artículo 11 del propio decreto de Estado de Alarma dice lo siguiente:
Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas.
La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro.
Creemos que se cometieron unos abusos inadmisibles, y que el Gobierno utilizó la excusa del Estado de Alarma para imponernos su laicismo radical. De ahí que, desde Abogados Cristianos decidiéramos no quedarnos de brazos cruzados. Hemos denunciado cada interrupción de culto ante el juzgado competente, hemos recurrido todas las sanciones impuestas a fieles que acudían a su lugar de culto y hemos puesto una querella contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al ser él el mando único de la Policía Nacional, policías autonómicas y locales. Por lo que entendemos que de él procede la orden de desalojar celebraciones religiosas.
El Supremo nos ha pedido una fianza de 12.000 euros para seguir adelante con el procedimiento. Y gracias a la solidaridad de nuestros seguidores, en menos de 6 horas conseguimos el dinero para la fianza. Un hito para la Asociación y que demuestra que somos muchos los que queremos que las acciones de Marlaska no queden impunes.
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