Planned Parenthood España no puede ser de utilidad pública
Esta campaña ha permitido a Abogados Cristianos cosechar uno de sus mayores éxitos en lo referente al derecho a la vida. Sin embargo, también es uno de los casos en los que queda más trabajo por hacer.
En agosto de 2015, detectamos publicidad ilegal en las publicaciones de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), el principal lobby pro-aborto de España. Lo denunciamos ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que nos dio la razón y sancionó a la organización.
Gracias a esta sanción pudimos solicitar que se le revocase el título de Entidad de Utilidad Pública que el Ministerio del Interior le concedió en 2016. Con esta consideración, la Federación hubiera recibido numerosos beneficios económicos y fiscales, pero gracias a nuestra denuncia, el Ministerio dio marcha atrás, y aunque la FPFE llevó el caso a los tribunales, la Audiencia Nacional también se pronunció en nuestro favor.
Que esta organización pro-aborto no sea considerada de Utilidad Pública, supone un gran paso en favor de la vida. Sin embargo, pese a su comportamiento poco ejemplar, la Federación sigue recibiendo cientos de miles de euros anuales de fondos públicos. Nosotros seguimos luchando dentro de nuestro ámbito para que organizaciones como esta dejen de ser subvencionadas con dinero de todos.
No nos cabe duda que el aborto es un gran negocio del que se benefician unos cuantos y que, además, suele estar rodeado de irregularidades y falta de transparencia.
En el caso concreto de la Federación de Planificación Familiar, es importante destacar que se trata de la filial española de la multinacional del aborto, Planned Parenthood, una organización que en Estados Unidos está siendo investigada por traficar con tejidos y órganos fetales.
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Monográfico Planned Parenthood
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